El presidente de la República, Kaïs Saïed, pidió a los ministros de Tecnologías de la Comunicación, de Justicia y del Interior que pusieran fin a los abusos en las redes sociales. Y por excesos entendía “amenazas de muerte, atentados al honor, difusión de rumores, injurias y difamaciones”. Para ello, Kaïs Saïed reclamó recurrir al Convenio de Budapest -de más de 20 años- y acelerar el proceso de adhesión a este marco de cooperación entre países en materia de ciberseguridad. Una misión que podría dar lugar a una exigencia que las organizaciones de derechos humanos siguen pidiendo a gritos: la modificación del decreto liberticida 54.
La Convención de Budapest
También conocido como Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia , el Convenio de Budapest –firmado en 2001– es el primer tratado internacional para combatir los delitos cometidos en el ciberespacio. Se desarrolló como continuación de varias otras iniciativas emprendidas, en la misma dirección, por las Naciones Unidas y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros.
Esta convención cuenta ahora con 68 Estados partes y 21 países con proyectos de ley o textos de leyes sobre la lucha contra el ciberdelito han sido invitados a sumarse a ella. Túnez es uno de estos 21 países. La cuestión de su adhesión al Convenio de Budapest se viene planteando desde hace diez años, cuando se inició el trabajo sobre una ley sobre ciberdelincuencia. Sin embargo, sólo podría entrar en vigor después de la publicación del decreto 54. Según el sitio web del Consejo de Europa “ Tan pronto como esté disponible un (proyecto) de ley que indique que un Estado ya ha implementado o es probable que implemente las disposiciones del Convenio de Budapest en su derecho interno, el Ministro de Relaciones Exteriores (u otro representante autorizado) enviará una carta a el Secretario General del Consejo de Europa indicando el interés de su Estado en adherirse al Convenio de Budapest. Tan pronto como haya un acuerdo entre las actuales partes de la Convención, se invitará al Estado a adherirse a ella ”.
Además del proyecto o texto de ley, un país que desee adherirse al Convenio de Budapest debe manifestar su interés y cumplir ciertas condiciones: presentar el proyecto o texto de ley sobre cibercrimen que tenga, demostrar su predisposición a instalar una red 24/ 7 y formular reservas respecto de la aplicación de determinadas disposiciones de dicho convenio, si fuera necesario. Túnez aún no ha presentado su expediente. Como esto se está ultimando actualmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores debería presentarlo pronto al Consejo de Europa, según supimos de fuentes fiables. Este archivo contendrá copia del Decreto 54, posibles reservas y el trabajo en la red 24/7 casi instalado. Esta red debe establecerse de conformidad con el artículo 35 del Convenio de Budapest. Es una herramienta para acelerar la cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia y pruebas electrónicas. Su misión consiste, entre otras cosas, en proporcionar al solicitante la información requerida de forma inmediata.
Una vez presentado este expediente, la comisión encargada de su examen deberá, en particular, estudiar la conformidad del texto legal, en este caso el Decreto 54, con las disposiciones del Convenio de Budapest en materia de derechos humanos y la norma de ley. En su defecto, se harán recomendaciones para la armonización. En otras palabras, si las disposiciones del Decreto 54 no corresponden a los requisitos europeos, nos lo devolverán para revisiones y modificaciones hasta obtener un texto legal compatible. Una probabilidad muy alta dadas las objeciones levantadas contra el Decreto 54 desde su publicación por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
¿El fin del decreto liberticida?
Publicado el 13 de septiembre de 2022, el Decreto 54 pretende combatir los delitos vinculados al sistema de información y comunicación. Sin embargo, apenas rubricado por el Presidente de la República Kaïs Saïed, se iniciaron procedimientos judiciales contra varias personalidades políticas y periodistas conocidos por su oposición al régimen de Saïed. Con el pretexto de perseguir la desinformación, las informaciones falsas y los delitos cometidos en el ciberespacio –en un país donde el Presidente de la República se entrega a monólogos en Facebook y el gobierno guarda silencio sobre la situación económica y financiera del país–, el decreto rápidamente pasó a ser una tendencia represiva y convertirse en una herramienta de persecución contra los medios de comunicación y los opositores políticos en Túnez.
Como se dijo, el Decreto 54 ha generado inquietudes, inquietudes y críticas. No se hace ninguna excepción para los medios de comunicación, aunque el sector se rige por leyes específicas. El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT) también anunció en abril de 2023 un procedimiento internacional contra el Decreto 54 al considerar que el objetivo –político– de este texto es silenciar a los periodistas. Varias otras organizaciones, entre ellas la Liga Tunecina de Derechos Humanos, han pedido su retirada por los mismos motivos. La LTDH deploró a continuación las restricciones a la libertad de prensa.El Colegio de Abogados y la Central Sindical también expresaron su oposición, pidiendo también la retirada del Decreto 54, considerando este texto una amenaza contra cualquier opinión contraria a la potestad vigente.
A nivel internacional, el Decreto 54 provocó la misma ola de indignación. Varios han criticado, tras un análisis, este texto de ley. En marzo de 2023, Access Now, una ONG que siguió de cerca los trabajos sobre la ley contra la ciberdelincuencia en Túnez –desde la adopción de una primera versión por el Consejo de Ministros en 2018– señaló el impacto de este decreto en la libertad de prensa en Túnez –cuyo La situación ya era frágil, con 21 puestos perdidos en el ranking de Reporteros sin Fronteras – recordando que las infracciones mencionadas en el artículo 24 del decreto 54 ya están sancionadas por el decreto 115 sobre la libertad de prensa.
